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Ministro de Justicia asegura contar con respaldo oficialista ante posible acusación constitucional

Fernando Rabat confía en el apoyo del Ejecutivo frente al libelo por rebajas de penas, mientras la oposición exige transparencia y su salida del gabinete.

Por Redacción Radio Alma·2 de noviembre de 2026, 02:16 p. m.

Ministro de Justicia asegura contar con respaldo oficialista ante posible acusación constitucional
Imagen referencialATON · Cooperativa

El titular de la cartera de Justicia, Fernando Rabat, afirmó sentirse respaldado por su sector político y el Presidente ante la amenaza de una acusación constitucional. La controversia surge tras la aplicación de beneficios penitenciarios que permitieron la rebaja de condenas a abusadores y violadores de menores de 14 años.

Tras una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la subsecretaria Josefina Soto, el secretario de Estado instó al Congreso a priorizar la tramitación de leyes con discusión inmediata. El objetivo es reformar una legislación vigente desde hace más de dos décadas para evitar la repetición de estos beneficios.

El ministro anunció la creación de una mesa de defensa a la víctima, buscando integrar propuestas de diversos partidos políticos en esta materia. Rabat insistió en que su foco principal es colaborar con los afectados y mantener la cohesión necesaria para sortear la votación parlamentaria que se avecina.

En la vereda opuesta, representantes de la oposición entregaron una carta en La Moneda solicitando transparencia total sobre los 56 decretos que permitieron la salida administrativa de reos. El diputado Raúl Soto declaró que no ven al ministro como un interlocutor válido para futuras negociaciones legislativas.

La diputada Gael Yeomans advirtió que el sector opositor agotará todas las instancias para clarificar los procesos administrativos cuestionados. Este escenario tensiona la agenda legislativa del Gobierno, poniendo en riesgo la tramitación de proyectos clave como la Ley de Presupuestos.

Este conflicto pone de manifiesto una crisis de confianza entre el Poder Ejecutivo y la oposición, centrada en la gestión de beneficios carcelarios. La resolución de esta controversia no solo definirá la continuidad de Fernando Rabat, sino que marcará el ritmo de las reformas legales en materia de protección a las víctimas.

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